Es falso que Tribunal Constitucional haya cerrado puertas de reelección Destacado

Martes, 18 Septiembre 2018 00:04 Escrito por  Publicado en Panorámica Jurídica de Gonzalo Ramírez
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Por: Gonzalo Ramírez

Sectores desafectos al Presidente dominicano, han recibido jubilosos la sentencia TC/0352/2018, dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TCRD), en virtud de la acción directa de inconstitucionalidad presentada el 15 de febrero del 2018, contra la disposición transitoria vigésima de la Constitución del 13 de junio del año 2015, que prohíbe al actual mandatario presentarse como candidato presidencial para el periodo 2020-2024, por el hecho de haber sido Presidente de la República durante el período 2012-2016 y por haber sido candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020.

El TCRD actuando en su calidad de garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección efectiva de los derechos fundamentales, evacuó la sentencia ut supra, mediante la cual se limitó a declarar inadmisible la referida acción, que constituyó un temerario adefesio jurídico que procuraba la ejecución de un inaceptable Golpe de Estado contra la Constitución. La decisión del TCRD se fundamenta en la imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la propia Constitución, conforme se indica en el dispositivo de la sentencia, posición que es duramente criticada por el destacado jurista y experto en Derecho Constitucional, Trajano Vidal Potentini, quien ha mantenido el criterio de que la disposición impugnada tiene vocación de inconstitucionalidad, por lo que entiende que el Tribunal Constitucional debió declararla inconstitucional.

Los eufóricos sectores hostiles al gobierno, no han entendido ni comprendido el verdadero significado de los fundamentos jurídicos ni de la decisión emanada del TCRD. Se equivocan al considerar que éste ha cerrado las puertas o el tema de la reelección, lo que es falso de falsedad absoluta y radical.

En un artículo de mi autoría, publicado el 12 de marzo en Rocainformativa.com,  periódico digital que dirijo y otros otros medios digitales, titulado “La Constitución no es inconstitucional; el Presidente está habilitado para aspirar a nuevo mandato”, tuve a bien advertir que la acción de inconstitucionalidad de que se trata, ni siquiera era digna de ser conocida por el TCRD, dado que no es competente para conocer la referida acción de inconstitucionalidad ni para declarar la inconstitucionalidad de la Constitución y que estaba compelido a declarar la inadmisibilidad de la acción referida. En efecto, mi advertencia parece haber sido escuchada por el TCRD, que ha fallado de la mejor forma en que podía fallar en buen derecho y justicia constitucional, que era declarar inadmisible el natimuerto esperpento jurídico de marras.

Contrario a lo que creen los adversarios del mandatario, la declaratoria de inadmisibilidad no significa en modo alguno que la acción declarada inadmisible haya sido rechazada. Tampoco significa que el TCRD haya rechazado o desconocido la posibilidad de que el mandatario se pueda presentar como candidato para un nuevo periodo constitucional. En tal sentido, resulta de vital importancia aclarar y destacar que cuando un tribunal se limita a declarar la inadmisibilidad de una acción, dicha declaratoria constituye una negativa del tribunal a conocer la acción de que se trata, que es lo que precisa y efectivamente ha sucedido en el caso de la especie, en el que el TCRD se ha negado a estatuir sobre el fondo de la acción interpuesta, por no estar en condiciones de conocerla, al no poder decidir ni a favor ni en contra, porque la propia Constitución no se lo permite.

Cuando una acción es declarada inadmisible, todo permanece en su estado original, sin alteración ni modificación por parte del tribunal. La sentencia de inadmisibilidad se caracteriza porque no adquiere autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. No es una sentencia firme, ni siquiera alcanza el nivel de cosa juzgada.

En el mismo artículo de mi autoría, auguré que más adelante el conflicto existente entre el derecho fundamental a la igualdad y el derecho de ciudadano a ser elegible del Presidente de la República Vs. la vigésima disposición transitoria de la Constitución, podría llegar al TCRD si el Presidente de la República optare por apostar a la repostulación presidencial. El mismo ha anunciado que fijará su posición al respecto, a partir de marzo del 2019.

En el hipotético caso de que el mandatario decidiese presentarse como candidato para un nuevo periodo, se podrá desatar una tenaz lucha político jurídica a desarrollarse en tres batallas consecutivas y en tres escenarios diferentes:

1. La primera batalla iniciaría a lo interno del partido de gobierno, donde un importante sector liderado por el Presidente del partido oficialista y expresidente de la República, objeta una eventual repostulación del actual mandatario, bajo el alegato de que el mismo está inhabilitado por el artículo 124 y por la XX disposición transitoria de la Constitución. El partido oficialista tendría la difícil tarea de decidir si acepta o no una eventual candidatura del Presidente. Sin importar la decisión que pueda adoptar el partido de gobierno, la parte que sucumbiere podrá impugnar la decisión adoptada, por ante el Tribunal Superior Electoral.

2. La segunda batalla podrá ser trasladada por la parte afectada, al Tribunal Superior Electoral, que es el órgano constitucional competente para “… conocer en única instancia los conflictos internos que se produjeren en los partidos y organizaciones políticas reconocidos o entre éstos, sobre la base de apoderamiento por una o más partes involucradas y siempre circunscribiendo su intervención a los casos en los cuales se violen disposiciones de la Constitución, la ley, los reglamentos o los estatutos partidarios ...”, conforme establece el artículo 13.6 la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, No. 29-11 y el artículo 6.1, letra c, de la Ley Electoral de la República Dominicana, No. 275/97. En este caso podría ser dictada una sentencia firme.

3) La sentencia que pueda dictar el TSE, tendría la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, por lo que sólo podría ser impugnada por ante el Tribunal Constitucional, mediante un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, a la luz del artículo 53 de la ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, que dispone que “el Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución …”

Como ya dije en mi artículo del 12 de marzo, continúo con la percepción de que “llegado el momento, el TCRD tendrá la ineludible oportunidad de hacer una hermenéutica interpretación de la Constitución, a los fines de determinar si el actual Presidente de la República está o no habilitado para optar por un nuevo mandato presidencial para el período 2020-2024. Hay quienes entienden que no, por considerar que éste está agotando su segundo período consecutivo y que en virtud del artículo 124 de la actual Constitución, jamás podrá aspirar a la Presidencia de la República. Otros piensan que sí puede aspirar, por entender que el mandatario se encuentra en ejercicio de su primer período como presidente, a la luz de la Constitución del año 2015”. Sólo el TCRD está facultado hacer una hermenéutica ponderación del derecho fundamental a la igualdad y el derecho a ser elegible del Presidente de la República Vs. la XX disposición transitoria de la Constitución y decidir cuál de las disposiciones constitucionales en conflicto habrá de prevalecer sobre la otra, sin que la decisión del TCRD conlleve o implique la declaratoria de inconstitucionalidad de la disposición que resulte debilitada.

Santo Domingo, Rep. Dom.

Modificado por última vez el Martes, 18 Septiembre 2018 16:13