Mario Holguín, especialista en el área y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, destaca que la situación se verifica, pese a producirse una reducción en la tasa de mortalidad de 5.5% respecto al año 2010 por cada cien mil habitantes en incidentes viales.
Señala Holguín, que el 2014 finalizó con un factor de riesgo de muerte de 39.4 de muertes en siniestros de tránsito por cada cien mil pobladores, lo cual significa que se produjo una precipitación acumulada en la tasa de mortalidad en los últimos cuatro años de 5.5% con relación a lo estimado por los organismos no oficiales.
Este resultado, explica, obedece al reforzamiento en la fiscalización de la actual gestión de la Autoridad Metropolitana de Transporte -AMET- en particular, que obviamente no obedece a un plan integral sostenible y sustentable.
Una disminución en su sub-registro, de 37 decesos in situ por tragedias en las vías públicas en el 2014, en comparación con el año anterior, representa 37 vidas salvadas, observa el especialista en el tema de Seguridad Vial.
“Sin embargo, la parte negativa es que el número de lesionados ha ido a un ritmo de crecimiento galopante, porque la tasa de morbilidad aumentó 128.37% respecto al 2013, al colocarse en 85.03 por cada cien mil habitantes cuando en el 2014 se registró un total de 10,152 heridos, que finalmente el Estado los asume de alguna manera”.
Por otro lado, consigna Holguín, se determinó que el 62% de las víctimas fatales por siniestro de tránsito en la red viaria nacional, del 2011 al 2014 eran personas en edad productiva, entre 15 y 44 años.
Esa realidad debe merecer una profunda reflexión de parte de las autoridades, sobre todo de las instituciones legislativas, sanitarias, de trabajo y de justicia, para la adopción de políticas públicas para disminuir el problema y prevenir tragedias, a juicio del experto.
Mario Holguín, insiste en una urgente intervención estatal para revertir de forma sostenida las consecuencias de la inseguridad, pues hasta ahora, “la República Dominicana carece de leyes integrales sobre seguridad vial; los costos de intervención del área de salud resultan muy elevados; y la expectativa de vida laboral de los afectados se pierde sin que se pueda actuar en el orden judicial con equidad.
Santo Domingo, R. Dom.