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Santo Domingo, R. D.- El Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo observa con preocupación los planteamientos realizados por el presidente Leonel Fernández, en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, donde se evidencia que la inversión social en salud, agua potable, educación y vivienda no constituyen una prioridad.
En un país en donde el 20% de la población más rica se lleva el 55% de las riquezas mientras que el 20% más pobre apenas alcanza el 3% ¿se puede hablar de reducción de pobreza? Decir que la extrema pobreza se reduce, a partir de una línea de ingresos que se mueve desde programas asistenciales, decreta la decisión de ignorar cómo se deteriora la calidad de vida de los habitantes de nuestro país.
La pobreza se refleja en los resultados de investigaciones sobre la calidad de educación tales como el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), que señala los niveles muy inferiores de nuestro país, situándolo por debajo de la media de los países de nuestro entorno, en áreas como lectura, ciencias y matemáticas. Nuestro país se ubicó 200 puntos por debajo de la media de América Latina. Esto sucede mientras el presidente de la República afirma y reitera que la educación es una preocupación de su gobierno. Inquietud que no se traduce en el presupuesto nacional, donde los recursos destinados para la educación no superan el 2.5% del PIB.
La pobreza es en parte consecuencia de destinar menos recursos presupuestarios durante el periodo 2003 – 2009 a salud y seguridad social. En este sentido, más allá de anunciar la construcción de nuevos centros de atención es necesario atender la desaceleración del ritmo de afiliación de las personas empobrecidas a la seguridad social.
La pobreza también se manifiesta en la imposibilidad de contar con una vivienda digna, tema éste que recibió una respuesta gubernamental en el periodo 2004-2007 de apenas 3 mil 208 viviendas, además de que la promesa de construir 18 mil sólo representa el 4% del déficit habitacional cuantitativo. Ante la ausencia de una política pública que rompa con esta problemática determinante de la pobreza en la que vive la mayor parte de la población, la solución se deja en manos del mercado inmobiliario.
Esta situación de vulnerabilidad de los más desfavorecidos se combate con un presupuesto que privilegie a la gente mediante una inversión que vaya desde la creación de un sistema productivo incluyente y digno, orientado a los empobrecidos y no a los grandes productores, hasta la garantía de los derechos fundamentales como son salud, educación, vivienda y agua potable.
Es absolutamente necesario que desde el Poder Ejecutivo, además de los temas que ha definido como su prioridad, decrete la pobreza como el problema central de este pueblo y lo exprese de manera concreta en un cambio de modelo económico que cierre la enorme brecha de desigualdad.