La red que representa la jueza Yokauris Morales Castillo a través de los abogados Jorge Lora Castillo y Jorge Lora Gracianny, recurrió ante ese tribunal la decisión adoptada por el Consejo del Poder Judicial que encabezan Luis Henry Molina, presidente; Blas Rafael Fernández Gómez, Modesto Martínez Mejía, Bionni Biosnely Zayas Ledesma y Octavia Carolina Fernández Curi, quienes deberán explicar al tribunal el contenido y alcance de ese manual.
En el recurso piden que el Consejo del Poder Judicial y sus integrantes sean condenados al pago de 100 millones de pesos, como justa reparación de los daños y perjuicios causados a los servidores del Poder Judicial y que se declare la nulidad parcial de la Resolución número CPJ-2022-RECA-001, emitida por el Consejo del Poder Judicial, que ratifica lo dispuesto en el Manual de Compensación y Beneficios, aprobado mediante el acta Núm. 02/2022, por ser violatorio a principios constitucionales y legales.
La red de jueces y servidores judiciales pide que se ordene el pago mensual de los incentivos eliminados a los servidores judiciales, por formar parte de su salario y sus derechos adquiridos y que el tribunal ordene además la aplicación del ascenso horizontal a todos los servidores judiciales, en función del tiempo laborado, ostentando una misma función.
Plantean al tribunal que inmediatamente sea hecho el proceso de reevaluación, se ordene la reestructuración de los puestos de familia y categorías.
Asimismo, que ordene al Consejo del Poder Judicial revaluar el manual y reestructurar los puestos de familia y categorías asignadas de los servidores judiciales administrativos, tomando en cuenta el tiempo en la institución o en la carrera judicial administrativa, grado académico, evaluación de desempeño, y la complejidad en las funciones, nivel de riesgo y responsabilidad.
Sostienen que los servidores sean clasificados en las categorías que les correspondan, dependiendo del grado de la instancia a la cual pertenezcan, y se les otorgue una justa remuneración y escala salarial.
En la instancia sostienen que en cuanto a los oficinistas, digitadores y asistentes, sean catalogados en las categorías y puestos de trabajo, respetando las instancias establecidas por la ley.
“Si pertenecen a un juzgado de paz, primera instancia o Corte; tomando en cuenta que, si están cargados a unidades en los Centros de Servicios Comunes, Secretarías Comunes (Despachos) y otras dependencias de condiciones similares, en razón de que estos obtienen rango de Corte, al integrar dos instancias, tal y como lo establece la norma”.
Indican que en cuanto a los supervisores, encargados de Unidad en los Centros de Servicios Comunes, Secretarías Comunes (Despachos) y otras dependencias de similar condición, sean catalogados en las categorías y puestos de trabajo, tomando en cuenta que, en estas dependencias, están integrados los grados de Primera Instancia y Corte, por lo que obtienen un rango superior.
En lo que respecta a secretarios generales de los Centros de Servicios Comunes, Secretarías Generales (Despachos) y otras dependencias de similar condición, que sean catalogados en las categorías y puestos de trabajo, tomando en cuenta que, en estas dependencias, están integrados los grados de Primera Instancia y Corte, por lo que obtienen un rango superior.
Santo Domingo, República Dominicana.