A través del relevo generacional, a líderes sociales, autoridades políticas y ciudadanos comunes les ha tocado jugar su papel en el trabajo de amar y cuidar la naturaleza de esta bella isla. Desde la primera medida adoptada en el 1884: la Ley de Protección de bosques y selva, que prohibía el corte de los árboles cerca de las fuentes de los ríos y manantiales. En la actualidad con mayor conciencia, responsabilidad y urgencia ante los peligros que amenazan el medio ambiente.

La primera área protegida de República Dominicana fue declarada el 27 de noviembre de 1928, mediante la Ley 1052, cuando se designó una porción de la Cordillera Central como Vedado del Yaque del Norte. Actualmente esta zona forma parte del Parque Nacional Armando Bermúdez.

Luego, en 1930, mediante la Ley 530, se creó el primer parque nacional, denominado Las Matas, que incluía las montañas de Novillero, Siete Picos y las Lomas de Maimón, en la Cordillera Central. Ubicado entre las demarcaciones territoriales de la Provincia de San Cristóbal y lo que es hoy en día Monseñor Nouel (Bonao).

De acuerdo al libro “Áreas Protegidas de la República Dominicana, naturaleza en estado puro”, en los tiempos de la dictadura trujillista, se creó el Vedado de Constanza que luego pasó a formar parte del Parque Nacional Valle Nuevo.

La obra, que es de la autoría de los expertos ambientalistas José Manuel Mateo Feliz y Adolfo López Belando, detalla que también en esa era se declararon los parques nacionales José del Carmen Ramírez y Armando Bermúdez, mediante las leyes 4389 y 5056, del 1956 y 1958, respectivamente. Desde entonces fue ampliándose la lista de áreas protegidas en diferentes zonas de la geografía nacional.

A partir del 1961 surgen diferentes instituciones destinadas a administrar y regular la explotación de recursos naturales dando lugar a varios reglamentos y resoluciones. Desde entonces comenzaron a operar los departamentos de Minería, Caza, Pesca, el INDRHI, la CAASD, el INAPA y la Dirección General Forestal, entre otros.

Otros hitos importantes en materia medio ambiental datan de esa época, como son la Ley 5856, del 1962 sobre conservación forestal y árboles frutales.

También la Ley 67 del 1974 que crea la Dirección Nacional de Parques, organismo autónomo con personalidad jurídica, encargado de desarrollar, administrar, ordenar y cuidar un sistema de Áreas Recreativas, Históricas, Naturales e Indígenas.

Actualmente el país posee un total de 123 áreas protegidas, equivalente a un 26% del territorio nacional. Las aguas territoriales bajo protección tienen una extensión de 48,019.06 kilómetros cuadrados, mientras que las áreas protegidas terrestres tienen una cobertura de 12,033.12 kilómetros cuadrados.

José Manuel Mateo Feliz, director de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destaca que durante los gobiernos de Joaquín Balaguer hubo un empuje muy fuerte en la declaración de áreas protegidas. Sin embargo, señala, “todos los gobiernos han tenido algún nivel de aporte alrededor del tema de conservación de áreas protegidas”.

Mateo, explica que los sistemas de áreas protegidas tienen que recoger muestras representativas de los diferentes ecosistemas que hay en un país. “A mí me parece que con el sistema actual que tenemos, hemos logrado ese objetivo”.

Aportes y retos del PLD

Para Mateo, el Decreto 571-09, promulgado en el 2009, vino a llenar un vacío de espacios que aun faltaban por ser resguardados en el Sistema Nacional de Aéreas Protegidas. La medida, incorporó territorios que aun no estaban siendo resguardados.

La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, que creó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMARENA), fue de las primeras leyes promulgadas por el ingeniero Hipólito Mejía al asumir su mandato. “Todo el largo proceso de creación de esta ley, fue realizado durante el gobierno peledeísta previo a Mejía”.

SEMARENA, hoy Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aglutinó en un organismo a todas las instituciones que de forma dispersa intervenían en el manejo de los recursos naturales del país, incluyendo la Dirección Nacional de Parques.

Mateo, advierte que el manejo de espacios protegidos es una dificultad aquí y en cualquier lugar del mundo, porque implica y entraña disponer de muchos fondos para manejar área protegidas. “Hay que tener personal, equipo, transporte marinos y terrestres. Hay que reparar planes de manejo, construir centros de protección de vigilancia”.

Por consiguiente, analiza “la gestión y el manejo de estos sitios no siempre es lo ideal. En países como el nuestro, en que los fondos son escasos y con muchas necesidades en educación y salud, entre otros temas, no siempre hay todo el presupuesto que se necesita disponible para atender adecuadamente ese Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.

De todas las áreas protegidas, algunas solo están resguardadas en términos conceptuales a través de una ley o decreto, pero aun no cuentan con una estructura de gestión. De hecho, uno de los aportes en que actualmente se está trabajando arduamente es en la creación de planes de manejo.

Un reto importante en la actualidad es la modificación del marco legal que consolidó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la República Dominicana, de acuerdo al libro Áreas Protegidas de la República Dominicana, naturaleza en estado puro. La Ley 202-04 es “incompleta, defectuosa y confusa”.

Mateo, explica que la Ley 64-00 que creó la Secretaria de Medio Ambiente, dicta que se debía crear una ley para las áreas protegidas y esa fue la que dio lugar a la Ley 202-04 del 2004. “Se ha planteado que ese marco legal que no es malo en su totalidad necesita ajustarse, modificarse, y se han comenzado a hacer algunos intentos en ese sentido”.

Como experto en la materia, destaca que las áreas protegidas son espacios muy importantes para proveer servicios ambientales a través de la preservación y la conservación de la biodiversidad. “Contribuyen con la economía, la calidad de vida de la gente y la erradicación de la pobreza. Por tanto todos los ciudadanos debemos contribuir a su cuidado para asegurar el bienestar de las presentes y futuras generaciones”.

Santo Domingo, R. Dom.