Una imperante y creciente cultura del fraude, de prevaricación, de desfalco, de cohecho o soborno, de concusión, de abuso de autoridad contra la cosa pública, de falsedad en escritura pública han prevalecido en nuestro país.
En República Dominicana es normal que sin ningún tipo de miramientos ni escrúpulos, muchos funcionarios y servidores públicos se han constituido en verdaderas e implacables asociaciones de malhechores, que han conformado corporaciones y consorcios mafiosos que les han permitido extraordinarios enriquecimientos ilícitos, apropiándose impunemente de inmensas millonadas de los dineros del erario público que debieron ser invertidos en salud, educación, viviendas, agricultura, medio ambiente, deporte, programas sociales y otras prioridades de vital importancia para los dominicanos.
Se trata de criminales acciones dolosas contra la cosa pública, sustentadas por un sistema judicial enclenque que ha sido cómplice y parte de la corrupción administrativa.
Ciertamente no es mucho lo que puede hacer un Ministerio Público representado por un militante partidista afiliado al partido gobernante, cuando el partido y su Gobierno se hacen partes por acción o por omisión del entramado de corrupción imperante en su Gobierno. Hemos tenido procuradores y fiscales que han ejercido fielmente roles que no son propias de sus funciones, optando por actuar como vasallos, súbditos y serviles de sus corruptos amos.
La población dominicana tiene hambre y sed de justica. Anhela con ansias el momento en que real y efectivamente la justicia dominicana comience a ejercer su rol de garante de las leyes y de sancionadora de los crímenes y delitos contra la cosa pública.
La Procuraduría General de la República puede y debe jugar un rol de vital importancia tendente a lograr que los crímenes contra el Estado dominicano sean ejemplarmente sancionados, ejerciendo la acción penal pública contra todos aquellos que de una u otra manera incurran en enriquecimiento ilícito, lavado de activos o cualquier otro crimen o delito que atenten contra el erario público.
Para garantizar una sana administración de justicia, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa debe actuar con la debida cautela y prudencia, procurando el cumplimiento del debido proceso y el debido respeto de los derechos fundamentales de los imputados, a fin de no dañar los procesos y que por alguna inobservancia del Ministerio Público los infractores imputados puedan resultar beneficiados y prevalezca la impunidad.
Confiamos en que la procuradora General de la República, Mirian Germán Brito, exjuez de la Suprema Corte de Justicia, es una profesional íntegra, de independencia partidaria, valiente, de una probada reputación y de un prestigio que hasta el momento no admite cuestionamientos. La población confía en que la procuradora dará fiel y estricto cumplimiento al voto de la ley, porque como exjuez de la Suprema Corte de Justicia ella sabe perfectamente que un expediente mal instrumentado por el Ministerio Público, que actuaciones impropias del MP e inobservancia del debido proceso, por lo general dan lugar al descargo de los infractores y al fortalecimiento del imperio de la impunidad reinante en nuestro país.
La observancia del debido proceso es imprescindible a fin de garantizar que caiga todo el peso de la ley sobre todos y cada uno de los funcionarios o exfuncionarios que se hayan enriquecido ilícitamente y empobrecido al pueblo dominicano.
¡No a la impunidad!
Santo Domingo, Rep. Dom.
