Hernández, denunció que en el 2011 fue cancelado de manera “arbitraria”, tras descubrir que un alto ejecutivo se dedicaba en su despacho, presuntamente, a acosar y agredir sexualmente a empleadas de esa institución.
Hernández, dijo que en el Indrhi se niegan “rotundamente” a reconocer sus derechos como exempleado que laboró en calidad de reportero gráfico, con un salario mensual de RD$17,400. 00, “mientras en la administración del Indrhi alegan que dejé vencer el plazo para reclamar, la ley 41-08 de Función Pública, establece que el pago de las prestaciones económicas tiene que hacerse efectivo noventa días después de la reclamación”, explicó.
Recordó que el artículo 63 de la ley en cuestión refiere que a todo empleado público cancelado de manera arbitraria o sin faltas graves, como habría ocurrido en su caso, debe pagársele sus prestaciones económicas. ”Como en el Indrhi se niegan a cumplir con esa normativa, supongo que es una venganza a largo plazo por el descubrimiento que hice en el 2011 del acoso y las agresiones sexuales contra empleadas”, afirmó Hernández.
En ese sentido, el Bloque Dominicano para los Derechos Humanos (BDDH), indicó que por la gravedad de la denuncia de presunto acoso y las agresiones sexuales, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, debe ordenar una investigación para que el responsable sea sometido a la justicia. “Las víctimas nunca debieron ocultar esa falta a la dignidad humana, porque ese agresor puede estar dirigiendo otra institución del Estado y actuando de forma similar”, sostuvo la entidad.
Santo Domingo, Rep. Dom.