Gonzalo Ramírez, quien es el director de este periódico digital, Rocainformativa. com y productor de televisión, cuestionó el hecho de que haya comunicadores, que en nombre de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, se presten a hacer el juego y a ejecutar la temeraria campaña de descrédito, que ha sido puesta en marcha, en el único interés de detener las candidaturas del partido oficialista.
Dijo que en el país, hay sicarios que se dedican a asesinar honras y reputaciones por encargo, en nombre de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, con lo que hacen un flaco servicio a la democracia y a la propia libertad de expresión y difusión del pensamiento.
Sostuvo que la temeraria campaña de descrédito que ha sido puesta en marcha contra los candidatos del partido de gobierno, diseñada por sectores vinculados a Hipólito Mejía, es una réplica de la campaña de descrédito que se puso en marcha, el 14 de mayo del año 2004, apenas dos días antes de las elecciones, cuando sectores vinculados al candidato opositor, Hipólito Mejía, hicieron pública una grabación, con declaraciones tremendistas y falsas, atribuidas al entonces candidato del PLD y hoy presidente, Dr. Leonel Fernández.
Recordó, la denuncia sin fundamento que también contra el presidente Fernández, formuló el ex administrador de la CDEEE, César Sánchez, quien atribuyó a Fernández, poseer una cuenta bancaria con cientos de millones de pesos, siendo demandado por éste, sin hasta la fecha haber probado, su infundada imputación.
Observó que el pasado miércoles, la Primera Dama, Dra. Margarita Cedeño de Fernández, al anunciar que demandará al comunicador que le atribuye la cuenta millonaria en Europa, dejó entrever cierto temor por su vida, al pedir a sus hijos que continúen con su demanda, en caso de que algo le suceda a ella.
Gonzalo, consideró justificado el temor expresado por la Primera Dama, que ya ha sido objeto de espionaje y acechanza, pues la acechanza y la premeditación, son elementos constitutivos del asesinato, consagrados en los artículos 295, 296, 297 y 298 del Código Penal.