El Dr. José Manuel Hernández Peguero, juez titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), expresó que el acceso a la justicia es un derecho que debe ser garantizado a todos los ciudadanos, sin importar el lugar en el que se encuentren, y por eso se previeron los recursos dentro del presupuesto del Tribunal para hacer posible que el ciudadano del lugar más distante tenga contacto con los servidores judiciales.
“Que el ciudadano no sienta que porque el TSE tiene su asiento en la capital no es posible que su caso sea atendido con eficacia y con rapidez”, sostuvo.
En una entrevista realizada por Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano (OJD), de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), el jurista se refirió a la importancia que tiene conocer las buenas prácticas llevadas a cabo en otras latitudes para aumentar el nivel de acceso a la justicia electoral.
“Sin dudas hay experiencias de las que podemos aprender. Recientemente estuve en Brasil conociendo cómo la tecnología ha hecho posible el registro de las acciones ante el tribunal, sin necesidad de ir físicamente a depositar las mismas”, añadió.
La especialización de las juntas electorales
Para el magistrado Hernández Peguero, una diferencia marcada entre las elecciones presidenciales de 2012 y el pasado período electoral, es que no hubo tiempo para capacitar a los miembros de las juntas electorales, que de acuerdo con la Constitución de 2010 dependen del TSE en el aspecto contencioso.
“Lo cierto es que tuvimos en muchos casos que remediar errores que cometieron las juntas electorales al momento de dictar sus resoluciones, y esto nos trajo mucho trabajo”, explicó.
El entrevistado puso énfasis en la necesidad de transitar hacia la especialización de los miembros de las juntas electorales, y ponderó la separación de las funciones contenciosas de las administrativas.
“En la parte contenciosa puede crearse una cámara que sólo estaría funcionando a partir de la proclama electoral, es decir, cada cuatro años, y que pueden conformarse con personas de reconocida solvencia y capacidad intelectual, tales como jueces del Poder Judicial, fiscales o abogados prestigiosos, y creo que la calidad y la separación de funciones nos daría mejores resultados”, concluyó.
Santo Domingo, Rep. Dom.